··· ¿Que si sigue existiendo la tortura en España? ¡Apaga la cámara! ···

Tortura detenido“Apaga eso [la cámara] y vamos a plantearnos los términos de la entrevista”. Éstas fueron las palabras espetadas por el Secretario de Estado de Seguridad en el 2008 durante una entrevista concedida a la televisión australiana cuando le preguntaron por qué el Estado español acumulaba tantas denuncias de tortura en régimen de incomunicación. Y es que todos los gobiernos siempre han negado la existencia de esta práctica, pese a los abundantes testimonios, denuncias, pruebas, documentación y las ocasionales condenas impuestas a funcionarios/ as públicos/as por torturar a personas bajo su custodia.

Con el fin de documentar y dar a conocer los casos de tortura que se registran dentro de nuestras fronteras, por undécimo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) elaboró hace unos meses su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español, relativo al año 2014 y que fue presentado en Sevilla en noviembre de 2015. Este informe sobre la tortura en el 2014 recoge un total de 194 situaciones en las que se produjeron actos de tortura o malos tratos, afectando a 961 personas. Estas agresiones se perpetraron contra personas bajo custodia de funcionarios/as (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.).

Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se ha tenido conocimiento durante el año 2014: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no era posible contrastarla. Este trabajo confirma que, a día de hoy, la tortura sigue viva y coleando. También recuerda que es imposible hacerse a una idea de la totalidad de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP). La inmensa mayoría no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia, ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.

El informe concluye que la tortura, aunque no es sistemática, es una práctica generalizada en todo el Estado español. En el año 2015, además, se cumplió el 30º aniversario de uno de los casos de tortura más sonados de la historia de la democracia: el de Mikel Zabalza, un joven vasco que fue detenido, acusado de pertenecer a ETA. Fue visto por última vez en las mazmorras de la benemérita y apareció muerto en el río Bidasoa 20 días después. Su caso inició una importante campaña espoleada por numerosos sectores sociales que exigía el esclarecimiento de los hechos frente al gobierno socialista de Felipe González y José Barrionuevo, que se lavaban las manos. Aseguraban que Zabalza se había fugado del centro de detención y no sabían qué había sido de él. La campaña condenó con dureza los métodos empleados por las fuerzas de seguridad del Estado, cuyas prácticas más suaves implicaban encapuchar a los/as detenidos/as durante sus interrogatorios. En una sesión del Congreso de los Diputados de 1985 en la que compareció el Ministro del Interior Barrionuevo para relatar el caso de Zabalza, el diputado Juan María Bandrés (de Euskadiko Ezkerra) preguntó “¿Qué me dice usted, Sr. Ministro, de que a un detenido se le pueda poner una capucha de plástico en la cabeza durante un interrogatorio? Imagínese usted que hoy hubiera venido aquí y que los portavoces le pusiéramos capuchas para que usted declarase sin que nos reconociera. ¿Qué pensaría usted? Pues mi dignidad, y la suya, no son mayores que la dignidad de un terrorista detenido por la Guardia Civil. Y sin embargo se les interroga habitualmente con una capucha. No nos engañemos: la capucha en la cabeza de una persona durante tiempo largo no sirve sólo para no reconocer a quien le interroga, sino sirve para crear incomunicación sensorial. Es gravísimo. Produce una desorientación temporal y espacial, que es absolutamente denigrante”. Es difícil imaginar una comparecencia parlamentaria así a día de hoy. Y es que en esta época, la tortura formaba parte del debate político cotidiano. En la actualidad, siguen existiendo torturas. Sin embargo, se han invisibilizado. ¿Imagináis un debate parlamentario televisado sobre las prácticas de las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Imagináis a alguien explicando en público que un terrorista tiene la misma dignidad que un Ministro? Es impensable. El pacto de silencio en torno a la tortura ha llevado a su legitimación. Por eso, cualquier denuncia es contestada criminalizando a los/as denunciantes (tildándoles de filolo-que-sea) y a las asociaciones que les dan cobertura.

Como todos los años, el Informe anual sobre la tortura en el Estado español recoge las denuncias que han sido contrastadas y autorizadas para su difusión, por lo que no recaba la totalidad de situaciones de tortura que se han producido. La CPDT entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” (Convenio contra la Tortura de la ONU).

El hecho de que no se reflejen todas las situaciones denunciadas en el último año supone una limitación del informe. Pero esta debilidad se convierte en su principal fuerza, porque los testimonios y las conclusiones que sí aparecen resultan creíbles y consistentes. El informe destaca que las torturas en situaciones de incomunicación – CIEs y prisiones- y en contextos de movilizaciones sociales son una práctica común. El hacinamiento e incumplimiento de las obligaciones internacionales en centros penitenciarios son norma. La CPDT, además, desvela que sigue habiendo muertes bajo custodia en cárceles del Estado y recuerda que, pese a haber sido educados/as en la impunidad de la violencia institucional, la tortura será siempre despreciable, en todo lugar y en toda circunstancia. Envilece a quien la práctica, a quien la ampara y a quien la justifica.

[Estudio] La Tortura en el Estado Español: Informe de 2014 Coordinadora de Denuncia y Prevención de la Tortura (CPDT). Descargable en www.prevenciontortura.org. Noviembre 2015. 108 páginas

Extraído de la web: http://www.todoporhacer.org/

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