La Ley no es sinónimo de Justicia (2 parte)

Es el Estado el principal valedor del sistema capitalista, bien privado o estatal, y todo a pesar del esfuerzo de los sectores socialdemócratas de establecer determinadas pautas de protección social hacía los sectores más desfavorecidos, el mal llamado estado del bienestar, un fraude estrepitoso que se encuentra en proceso de desmantelamiento a pesar de las grandes declaraciones políticas con incorporación en su día a la jurisdicción constitucional de determinados derechos humanos básicos, a saber; derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, la sanidad, luz, agua, etc., derechos que los diferentes gobiernos ignoran permanentemente desde su incorporación, confirmando que el papel de las diferentes instituciones del Estado de las que los partidos políticos juegan un papel determinante en su configuración, no es otra que usurpar la capacidad legitima decisoria de los ciudadanos para someterlos a sus intereses particulares. Para ello, citaremos otros ilustrados ejemplos.Justicia simulada

Así, “nuestra” constitución establece en su artículo 35 lo que sigue, “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Toda una declaración de intenciones, que después de 39 años de su promulgación sigue siendo papel mojado, en contraste, el artículo 38 del mismo cuerpo legal garantiza la “libertad de empresa dentro del marco de la economía de mercado”, economía de mercado responsable del paro y salarios de miseria, así como de la precariedad laboral.

Otro de los derechos básicos ignorado por nuestros gobernantes es el de la vivienda, estableciendo el artículo 48 de la constitución lo que sigue, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Desde el inicio de la supuesta crisis económica, entre los años 2008 y 2015, 400.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas, cantidad a la que habría que añadir esas otras familias que por falta de recursos económicos no pueden acceder a una vivienda. Es evidente, que la causa principal de no mantener o acceder a una vivienda digna la tiene el paro, seguida de salarios de miseria, situación de paro del que la clase política y empresarial son los únicos responsables, los primeros por no adoptar medidas políticas que permita que los que demandan trabajo se les garantice, los segundos, por no tener otra finalidad social que obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, además, ambos apuestan por un paro estructural suficiente que persuada y contenga las posibles reivindicaciones que se producirían en el hipotético caso del pleno empleo, ya se sabe, el miedo guarda la viña. En definitiva, no podemos esperar nada plausible ni mejora transcendental de los que han planificado y construido la realidad actual imponiéndonosla.

PD. Continuara

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